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Opinión por: Juan Francisco Reyes López

 

 

¿Quién fiscaliza al que fiscaliza?

 

Ciudad de Guatemala, 29 de mayo de 2009/ Desde hace algún tiempo, la entidad Acción Ciudadana presidida por Manfredo Marroquín y su gerente Alejandro Urízar, autodenominado director ejecutivo emulando a CACIF y a la Cámara de Industria, se han autootorgado prominentemente el derecho público de fiscalizar y requerir transparencia, obteniendo en ciertos medios escritos cobertura para así ser una mutua caja de resonancia.



¿Quién es Manfredo Marroquín?, ¿Qué lo autoriza para convertirse en fiscalizador?, ¿Cuál es su currículo?, es un inminente intelectual, un gran catedrático universitario, un hombre notable, distinguido y probo o ¿qué es?.



El papel que se ha autoadjudicado, lo obligaría a ser un ejemplo, a no andar en bares, a vestirse correctamente, a bañarse y rasurarse todos los días y por supuesto también a cambiarse de ropa, a usar un buen desodorante y a no deber nada.



La entidad Acción Ciudadana, en el proceso de elecciones generales pasadas, se presentó como una organización de la sociedad civil no lucrativa y no partidaria, que desde 1996 se constituyó con la visión de fomentar la existencia de una ciudadanía consciente y comprometida con la construcción de la democracia en Guatemala; sin embargo, nunca ha aclarado, ni mucho menos publicado, quiénes son sus socios, quiénes son sus directivos, tampoco ha publicado un balance de ingresos y egresos para poder saber de dónde vienen sus recursos, mucho menos ha publicado sus planillas de sueldos, honorarios e ingresos para sus directivos, porque con cascaritas de huevo no se puede vivir y si paga alquileres en la Avenida La Reforma, hacen publicaciones en campos pagados, eventos en lugares lujosos, toda esa información y más debería de transparentarse.



En el año 2006 se constituyó como capítulo nacional de Transparencia Internacional en Guatemala, rimbombante título que debe explicarse, que debe justificarse. Existen fuertes indicios que Acción Ciudadana vive principalmente de las aportaciones de gobiernos y entidades extranjeras, si esto es así, mayor razón para que públicamente se informe al respecto.

 

En el año 2007, durante la elección general, se gastaron por lo menos unos sus Q4 millones en los denominados "ranking" de transparencia en el financiamiento de campañas electorales, de los cuales publicaron en varias páginas a todo color cuatro, pero nunca concluyeron en lo que había sido el gasto e inversión total de los partidos políticos, al final no produjeron ningún resultado, mucho menos conclusiones concretas.

 

Es obvio que Manfredo Marroquín y los integrantes de Acción Ciudadana viven de esa entidad, les produce múltiples viajes al extranjero, a Europa, Estados Unidos y otras latitudes, viajan tanto como los miembros del Gabinete o del Congreso de la República, con la diferencia que no informan o transparentan el objeto y los resultados de sus salidas, así como los montos de sus ingresos en su totalidad. Es improcedente verlos aparecer sentados en la mesa principal al lado del Vicepresidente de la República, de ciertos embajadores o de las autoridades que legalmente les corresponde el control del gasto público.

 

Para poder tener la autoridad que pretenden, fiscalizar y requerir transparencia, deben ser en lo individual y en lo colectivo un ejemplo notable e incuestionable de organización y probidad.

 

Columna publicada en el diario La Hora el 22 de mayo de 2009.
Leala en lahora.com

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