Netanyahu, Primer Ministro de Israel.

Ciudad de Guatemala, 27 de julio de 2010/ La Asociación Solidaridad con la Causa Árabe, en representación de activistas españoles que fueron detenidos ilegalmente junto al resto de tripulantes del barco “Flotilla por la Libertad”, activa querella contra el primer ministro israelí por crímenes contra la humanidad.

Un crimen de lesa humanidad con resultado de tres detenciones ilegales, tres deportaciones forzosas y tres delitos de tortura. Estos y otro delito contra personas protegidas en conflicto armado son los ilícitos por los que la asociación, en representación de los activistas españoles Laura Arau y Manuel Espinal, y el periodista David Segarra, presentaron una querella en la Audiencia Nacional contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu , otros seis miembros de su Gobierno y el militar al mando del abordaje del Mavi Marmara, el barco de la Flotilla de la Libertad en el que viajaban los españoles y con el que se trataba de romper el bloqueo de Gaza, un hecho que dejó nueve cooperantes muertos.

Según el periódico español El País, el documento presentado considera que todos ellos se reunieron "desde el momento en que se tuvo conocimiento de la partida de la flotilla" para "concretar la operación ", "en el marco del ataque sistemático y generalizado contra la población civil palestina" y con el objeto de "abortar cualquier intento de acción solidaria contra la población palestina".

Una última reforma de la jurisdicción universal limitó la competencia española a los casos en los que hubiera víctimas españolas. Por lo que la querella se centra en la detención, la deportación y las torturas supuestamente sufridas por Segarra Arau y Espinar, que fueron "detenidos ilegalmente, trasladados forzosamente a territorio israelí y deportados a territorio turco al margen de lo estipulado en el derecho internacional", dice la querella.

La querella también considera que los hechos pueden suponer un delito contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. Recuerda que las personas que viajaban a bordo del Mavi Marmara -cooperantes, periodistas, parlamentarios, población civil en general y los heridos por la operación de abordaje- están protegidos según el artículo 608 del Código Penal y los tratados internacionales suscritos por España.

El juez de la Audiencia Nacional al que corresponda la querella deberá decidir ahora si la admite a trámite. Si así fuera, daría lugar a la segunda investigación judicial por crímenes internacionales supuestamente cometidos por miembros del Gobierno de Israel que se sigue en España.